La Comisión Europea acaba de hacer pública una invitación al envío de comentarios sobre un Proyecto de Directrices sobre ayudas públicas para el salvamento y reestructuración de empresas no financieras en crisis. En éste se establecen las condiciones bajo las que los Estados miembros pueden conceder fondos públicos para rescatar y reestructurar empresas no financieras en crisis. Los comentarios pueden enviarse hasta el 31 de diciembre de 2013. Tras esta consulta, la Comisión adoptará nuevas directrices en el primer semestre de 2014. Estas Directrices se plantean en el marco del denominado Programa de Modernización de las ayudas estatales, iniciado en mayo de 2012.
Como sucedía ya en las actuales Directrices (2004), la Comisión parte del peligro que supone para la competencia el otorgamiento de ayudas públicas para el salvamento y reestructuración de empresas. Es sabido que éstas implican en numerosas ocasiones el mantenimiento de empresas ineficientes en un mercado. Teniendo presente esta amenaza, la Comisión pretende garantizar que dichas ayudas solo se concedan muy restrictivamente, en el sentido de que se en condiciones estrictas que se atenúen sus efectos negativos para la competencia.
Entre las novedades de la propuesta se halla el "apoyo temporal de reestructuración", que permite dar ayudas a PYMES en crisis por un período entre 12 o 18 meses (la Comisión pide observaciones en relación con este punto). Como presupuesto para su concesión será necesaria la presentación de in plan de reestructuración simplificado.
La propuesta también incluye medidas para controlar con mayor intensidad que las ayudas aprobadas presenten un interés público preponderante que minimice la importancia del posible falseamiento de la competencia. En este sentido, se enumeran con carácter no exhaustivo situaciones en las que tales ayudas estarían justificadas y se solicita a los Estados que comparen el supuesto de ayuda con escenarios alternativos creíbles que no contemplen ayuda estatal.
La propuesta también modifica el tema de la denominada "contribución propia", que hace referencia a que las empresas objeto de reestructuración contribuyan con recursos propios, en el sentido de aproximarse a lo que se ha realizado recientemente al ordenar las ayudas públicas a bancos durante la crisis. En este punto la propuesta plantea dos opciones. En primer lugar, que la contribución (accionistas o acreedores) sea razonable teniendo en cuenta las pérdidas que probablemente habrían sufrido en caso de insolvencia. En segundo lugar, se que los accionistas soporten todas las pérdidas anteriores y, si no fuera suficiente, contribuyan entonces también los acreedores subordinados.
Por último, resulta también interesante que La Comisión también invita opiniones sobre la definición de "empresas en crisis". Resulta relevante su delimitación pues sólo las empresas que se califiquen como tales podrían recibir ayudas de acuerdo con esta propuesta.
El texto de la propuesta puede ser consultado en:
