ÚLTIMA ENTRADA:

La Comisión (UE) publica sus «Passing-on Guidelines» (DOUE Agosto 2019)

La Comisión (UE) ha publicado su última aportación para ayudar a la cuantificación del daño derivado de infracciones de competencia, esta vez en relación con el sobrecoste repercutido al comprador indirecto (su texto aquí), cumpliendo de esta forma con el artículo 16 de la Directiva 2014/104/UE (la conocida «Directiva de Daños»). Conviene recordar que el artículo 12.1 de dicha Directiva, incorporada ya a los Derechos internos, disponía que «para garantizar la plena efectividad del derecho al resarcimiento pleno establecido en el artículo 3, los Estados miembros velarán por que, con arreglo a las disposiciones previstas en el presente capítulo, el resarcimiento de daños y perjuicios pueda reclamarlo del infractor cualquiera que los haya sufrido, con independencia de que se trate de un comprador directo o indirecto, y se eviten indemnizaciones muy por encima de los daños y perjuicios causados al demandante por la infracción del Derecho de la competencia, así como la falta de responsabilidad del infractor».

Este nuevo documento se añade a otros más generales que tienden a dotar de seguridad jurídica un tema tan crucial en la aplicación privada como es la cuantificación del daño. Como es sabido, el daño es un elemento esencial en el sistema de responsabilidad civil en general, y de la responsabilidad civil derivada de ilícitos concurrenciales en especial, pues sin su existencia pueden derivarse determinadas acciones de carácter civil o, en su caso, administrativo pero no podría ejercitarse una acción de responsabilidad civil, al ser aquél un elemento constitutivo o propio de la misma. Dentro del ámbito de su política de Competencia, la UE se ha esforzado desde hace unos años (a partir de los Libros Verde de 2005 y Blanco de 2008) en el estudio de medidas concretas para procurar la reparación del daño derivado de infracciones de las normas antitrust.
El texto que presenta en julio 2019, de 60 páginas de extensión (7 apartados y 2 anexos), aporta a los tribunales de los Estados miembros interesantes orientaciones sobre cómo calcular la repercusión de los sobrecostes. Entre su contenido destacan la exposición de los principios económicos, los métodos y la terminología aplicables a la repercusión. Además, las Directrices también contribuyen a: (1) facilitar la determinación de las fuentes de las pruebas pertinentes; (2) considerar si una solicitud de exhibición es proporcionada; y (3) evaluar las declaraciones de las partes sobre la repercusión y cualquier dictamen de peritos económicos que pueda presentarse ante el órgano jurisdiccional.

OTRAS ENTRADAS:

Restricciones de competencia relacionadas con comisiones a comerciantes en servicios de pago transfronterizos con tarjeta (Decisión de 22 de enero de 2018)

Photo by Fernando de la Vega
En su Decisión de 22 de enero de 2018 la Comisión europea sanciona con algo más de 570 millones de euros a Mastercard por obstruir el acceso de los comerciantes a los servicios de pago con tarjeta transfronterizos (por ejemplo, cuando un ciudadano español usa su tarjeta para pagar en una tienda en Francia). Esta decisión supone la finalización de un procedimiento que comenzó hace más de 5 años y representa un paso más de la Comisión para reducir las tarifas de las tarjetas para los comerciantes. En esta tarea la Comisión ha estado acompañada tanto por el Tribunal de Justicia (TJUE) como por las normas que tanto el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo han adoptado durante los últimos años.


Recuérdese que el TJUE, en su sentencia de 11 de septiembre de 2014 (aquí) ya confirmó el carácter anticompetitivo de las tarifas de intercambio de Mastercard en transacciones transfronterizas en el EEE. Más concretamente, el TJUE confirmó la Decisión de la Comisión C(2007) 6474 final, de 19 de diciembre de 2007, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo [81 CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/34.579 — MasterCard, Asunto COMP/36.518 — EuroCommerce, Asunto COMP/38.580). Como consecuencia de esta decisión Mastercard redujo las tarifas de intercambio transfronterizas (dentro del EEE) que eran aplicadas por sus bancos miembros a promedios máximos de 0.2% (tarjetas de débito) y 0.3% (tarjetas de crédito). Posteriormente, se aprobó el Reglamento de tarifas de intercambio (aquí) que, a partir del 9 de diciembre de 2015, limitó las tarifas de intercambio para las tarjetas emitidas y utilizadas en Europa (máximo del 0,2% para tarjetas de débito y del 0,3% para tarjetas de crédito).

Detrás de la multa impuesta por la Comisión está su preocupación por la limitación que la conducta de Mastercard pudiera provocar en las posibilidades de los bancos para competir en el precio transfronterizo de los servicios para la recepción de recibir pagos con tarjeta, lo que se traslada automáticamente a minoristas y consumidores, obligados a pagar precios más elevados. En este sentido, las decisiones de la Comisión relacionadas con esta práctica ponen de manifiesto cómo MasterCard y sus licenciatarios (emisores de tarjetas «MasterCard» o receptores de transacciones con esas tarjetas para minoristas) forman una «asociación de empresas» que infringen las disposiciones del Derecho Antitrust (artículo 101 del TFUE). Más concretamente, se estima que el establecimiento de tasas multilaterales de intercambio del sistema de pago operado por «MasterCard» restringe la competencia entre los bancos que proporcionan a comerciantes servicios que posibilitan la aceptación de tarjetas MasterCard y/o Maestro. Además, se estima que dicha restricción es sensible, que afecta al comercio entre los Estados miembros y que no cumplen los requisitos para reconocer una exención.

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