El resarcimiento de daños causados en mercados no afectados por un cártel (STJUE de 12 de diciembre de 2019)

La sentencia de 12 de diciembre de 2019 (aquí) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Austria en relación con un litigio sobre reclamación de indemnizaciones derivadas de un cártel prohibido por el artículo 101 TFUE realizado entre empresas del sector de los ascensores («cártel de los ascensores»). La particularidad del caso es que entre los perjudicados no solo estaban compradores relacionados con el sector afectado, sino que también alegó haber sufrido daño un organismo que concedía las subvenciones, ajeno al ámbito de los «compradores directos o indirectos» y al mercado dañado por el cártel.

El fundamento de la reclamación del organismo ajeno al mercado afectado por el cártel fue el de la producción de un daño derivado (relación de causalidad) de la infracción antitrust. En este sentido, los préstamos que concedía estaban condicionados por los costes de construcción, que fueron más elevados como consecuencia del cártel sancionado. En definitiva, se prestó más porque la costes se elevaron ilegalmente (cártel). De no haber existido la infracción, el organismo «habría concedido préstamos de menor importe y habría podido invertir la diferencia al tipo de interés medio de los préstamos del Gobierno federal».

Tras diversas resoluciones de diferente signo en Austria, el Tribunal Supremo decide plantear una decisión prejudicial al TJUE sobre el alcance de la repercusión de los daños derivados de infracciones de competencia. Tras recordar parte de su más reciente jurisprudencia en materia de aplicación privada, el TJUE resuelve que el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las personas que no actúan como proveedores o compradores en el mercado afectado por un cártel, pero que han concedido subvenciones en forma de préstamos en condiciones favorables a compradores de productos ofrecidos en ese mercado, pueden solicitar que se condene a las empresas que participaron en dicho cártel a reparar el perjuicio que han sufrido debido a que, al ser el importe de dichas subvenciones más elevado que el que habría resultado de no existir el mencionado cártel, esas personas no han podido utilizar esa diferencia para otros fines más lucrativos.

La doctrina jurisprudencial sobre el «hallazgo causal» y su supeditación a la idoneidad y proporcionalidad de la inspección (Sentencia Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2019)

Uno de los problemas habituales en la aplicación práctica del Derecho Antitrust por parte de autoridades de competencia y judiciales (europeas y españolas) es el de los límites de las actuaciones de inspección. La coexistencia de intereses muy diversos genera conflictos entre los derechos de inspección de la Administración y los de defensa de los afectados o inspeccionados. La frontera entre la extralimitación lícita (el «hallazgo casual») y la prohibida (prácticas de «fishing expedition») no está definida con claridad en las normas jurídicas, habiéndose tratado en diversas resoluciones procedentes de la Unión Europea y de las autoridades (judiciales y de competencia) españolas con el objeto de inducir pautas generales de delimitación.

Una última resolución española al respecto es la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2019 (aquí), que anula la Sentencia de la Audiencia Nacional de de 21 de junio de 2018. La resolución se centra en la doctrina del hallazgo casual en la ejecución de órdenes de investigación, fundamentalmente porque el supuesto de hecho de la resolución sancionadora controvertida fue incoado a raíz de la documentación obtenida en el curso de una inspección realizada en relación con otro procedimiento sancionador.

La sentencia resulta interesante no solo por la confirmación de la doctrina jurisprudencial sobre el «hallazgo causal» sino también por recalcar que la misma queda supeditada a que la entrada y registro cuente con la necesaria habilitación y se desarrolle de forma idónea y proporcionada. Dicha doctrina jurisprudencial sobre el hallazgo casual de material probatorio en inspecciones realizadas en virtud de órdenes de investigación dictadas con una finalidad distinta viene condensada la sentencia nº 790/2016, de 6 de abril de 2016 (casación 113/2013), seguida de muchas otras muy recientes: 18 de febrero de 2019 (casación 578/2018), 25 de febrero de 2019 (casación 6461/2017), 26 de febrero de 2019 (casaciones 6442/2017, 6696/2017 y 2593/2018) 4 de marzo de 2019 (casación 88/2018), 12 de marzo de 2019 (casación 1835/2018) y 11 de junio de 2019 (casación 851/2018).


Conforme a dicha jurisprudencia, y partiendo de que la entrada y registro hubiera sido ajustada a derecho y realizada en términos proporcionales y adecuados, las pruebas (datos o documentos) que revelen o sean indiciarios de actuaciones ilícitas distintas a las que determinaron la investigación pueden ser legítimamente empleados por la Administración en una ulterior actuación sancionadora. Expresamente señala la Sentencia del pasado mes de octubre, reproduciendo la de 6 de abril de 2016: «(...) que la habilitación para la entrada y registro y la práctica del mismo en forma idónea y proporcionada, permite que un hallazgo casual pueda ser utilizado de forma legítima para una actuación sancionadora distinta, la cual habrá de ajustarse a las exigencias y requisitos comunes de toda actuación sancionadora y en laque la empresa afectada podrá ejercer su derecho de defensa en relación con las nuevas actividades investigadas».

Cuestión distinta al hallazgo casual, y que queda pendiente para otro post, es la práctica de «fishing expedition», con claras consecuencias jurídicas para los afectados y, en general, para la seguridad jurídica en la inspección.