La Comisión (UE) publica sus «Passing-on Guidelines» (julio 2019)

La Comisión (UE) ha publicado su última aportación para ayudar a la cuantificación del daño derivado de infracciones de competencia, esta vez en relación con el sobrecoste repercutido al comprador indirecto (su texto aquí), cumpliendo de esta forma con el artículo 16 de la Directiva 2014/104/UE (la conocida «Directiva de Daños»). Conviene recordar que el artículo 12.1 de dicha Directiva, incorporada ya a los Derechos internos, disponía que «para garantizar la plena efectividad del derecho al resarcimiento pleno establecido en el artículo 3, los Estados miembros velarán por que, con arreglo a las disposiciones previstas en el presente capítulo, el resarcimiento de daños y perjuicios pueda reclamarlo del infractor cualquiera que los haya sufrido, con independencia de que se trate de un comprador directo o indirecto, y se eviten indemnizaciones muy por encima de los daños y perjuicios causados al demandante por la infracción del Derecho de la competencia, así como la falta de responsabilidad del infractor».

Este nuevo documento se añade a otros más generales que tienden a dotar de seguridad jurídica un tema tan crucial en la aplicación privada como es la cuantificación del daño.  Como es sabido, el daño es un elemento esencial en el sistema de responsabilidad civil en general, y de la responsabilidad civil derivada de ilícitos concurrenciales en especial, pues sin su existencia pueden derivarse determinadas acciones de carácter civil o, en su caso, administrativo pero no podría ejercitarse una acción de responsabilidad civil, al ser aquél un elemento constitutivo o propio de la misma. Dentro del ámbito de su política de Competencia, la UE se ha esforzado desde hace unos años (a partir de los Libros Verde de 2005 y Blanco de 2008) en el estudio de medidas concretas para procurar la reparación del daño derivado de infracciones de las normas antitrust.
  
El texto que presenta en julio 2019, de 60 páginas de extensión (7 apartados y 2 anexos), aporta a los tribunales de los Estados miembros interesantes orientaciones sobre cómo calcular la repercusión de los sobrecostes. Entre su contenido destacan la exposición de los principios económicos, los métodos y la terminología aplicables a la repercusión. Además, las Directrices también contribuyen a: (1) facilitar la determinación de las fuentes de las pruebas pertinentes; (2) considerar si una solicitud de exhibición es proporcionada; y (3) evaluar las declaraciones de las partes sobre la repercusión y cualquier dictamen de peritos económicos que pueda presentarse ante el órgano jurisdiccional.

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