Una de las cuestiones tratadas por el TJUE en su sentencia de 16 de febrero de 2023 (aquí) es la relativa a la facultad de los tribunales de estimar el importe de la reclamación de los daños derivados de infracciones de competencia, prevista en el artículo 17.1 de la Directiva 2014/104/UE y regulada en España en el artículo 76.2 de la Ley de Defensa de la Competencia: Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños.
Es muy importante señalar que esta facultad de estimación judicial tiene un marco de aplicación reducido, pues solo está prevista su activación, cuando resulte ratione temporis, para la cuantificación del daño, no siendo posible respecto a la acreditación del daño (su «medida facilitadora» no es la estimación sino, en su caso, la presunción en caso de cártel ex artículo 76.3 de la LDC).
