Comentarios, reflexiones, opinión...:

Doble sanción («doble barrera») y principio «non bis in idem» (STJUE de 3 de abril de 2019)

La Sentencia del TJUE de 3 de abril de 2019 (aquí) trata el interesante tema de la «aplicación doble» del Derecho Antitrust por parte de Autoridades Nacionales, como respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Polonia en un asunto relativo a un abuso de posición dominante. La posible imposición de una doble multa (una basada en el Derecho nacional y otra en el de la Unión Europea) generó dudas interpretativas en relación con la posible vulneración del principio non bis in ídem, recogido en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza), y del artículo 3, apartado 1, del Reglamento 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 (relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado).

Antes de comentar este reciente pronunciamiento del TJUE debe recordarse que ya el TJCE, en su sentencia de 13 de febrero de 1969 (asunto Walt Wilhelm, aquí), cuya doctrina fue confirmada por la sentencia de 10 de julio de 1980 (asunto Guerlain, aquí), se refirió expresamente a la problemática de la doble sanción. Según aquella resolución, una misma conducta anticompetitiva podría ser objeto de dos procedimientos paralelos (uno ante la Comisión y otro ante los órganos competentes de uno de los Estados miembros), pues las normas derivadas de la UE protegen un mercado distinto al de cada uno de los Estados miembros (este hecho es clave también para resolver la vulneración o no del principio non bis in ídem). Ante una posible «doble sanción» o «doble barrera», debe actuarse conforme a las exigencias de la equidad, en el sentido de que se tenga en cuenta la existencia de una decisión sancionadora anterior para determinar la sanción correspondiente. En España, el Tribunal Supremo se ha referido a la «doble barrera» en sentencias como la de 20 de octubre de 2015 (aquí) o 15 de febrero de 2012 (aquí), que conjugan la «doble barrera» con el art. 3.2 del Reglamento 1/2003, del Consejo, en cuanto impide prohibiciones de Derecho nacional de acuerdos que no restrinjan la competencia en el sentido de las normas europeas.

La aplicación del «principio de continuidad» al ámbito de las acciones de responsabilidad civil derivada de ilícitos antitrust (Sentencia TJUE de 14 de marzo de 2019, asunto Skanska)

Ahí continúa, pese a todo...
(Photo by F. de la Vega)
El TJUE resuelve en su sentencia de 14 de marzo de 2019 (aquí) una petición de decisión prejudicial relacionada con las acciones de indemnización por infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia. Se plantea la determinación del «responsable» por los daños derivados de ilícitos antitrust cuando el infractor ha sido absorbido en su totalidad por una nueva empresa.

Debe recordarse que en el ámbito europeo de la responsabilidad administrativa (sanciones antitrust) rige en estos supuestos el denominado principio de continuidad económica, en función del que se «permite en circunstancias excepcionales estrictamente delimitadas por la jurisprudencia asegurar la efectividad del principio de la responsabilidad personal del autor de la infracción y sancionar a una persona jurídica, distinta ciertamente de la que cometió esa infracción, pero unida a ésta por vínculos estructurales». La interpretación de este principio, sobre todo en relación con el concepto de «vínculos estructurales» se realiza, entre otras, en la sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2014 (aquí).

Llamada a Comunicaciones (Call for papers): V Jornada RADC, UC3 de Madrid, 30-31 de mayo de 2019

La V Jornada de la Real Académica de Derecho de la Competencia (RADC) se organiza por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y se celebrará en el Campus Puerta de Toledo  (Ronda de Toledo, 1, Madrid ) los próximos 30 y 31 de Mayo de 2019.

Las propuestas de comunicación para la Jornada RADC pueden versar sobre cualquier tema en materia de derecho de la competencia. Para esta reunión se valorarán especialmente aquéllas contribuciones sobre la Directiva (UE) 2019/1 de 11 de diciembre de 2018 encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (también conocida como "Directiva ECN+"). 

Multa de la Comisión por restricciones de competencia relacionadas con comisiones a comerciantes en servicios de pago transfronterizos con tarjeta (Decisión de 22 de enero de 2018)

Photo by Fernando de la Vega
En su Decisión de 22 de enero de 2018 la Comisión europea sanciona con algo más de 570 millones de euros a Mastercard por obstruir el acceso de los comerciantes a los servicios de pago con tarjeta transfronterizos (por ejemplo, cuando un ciudadano español usa su tarjeta para pagar en una tienda en Francia). Esta decisión supone la finalización de un procedimiento que comenzó hace más de 5 años y representa un paso más de la Comisión para reducir las tarifas de las tarjetas para los comerciantes. En esta tarea la Comisión ha estado acompañada tanto por el Tribunal de Justicia (TJUE) como por las normas que tanto el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo han adoptado durante los últimos años.

Publicación de la «Directiva ECN+» (DOUE L 11/3, 14 de enero de 2019)

Photo by Fernando de la Vega
EL DOUE L 11/3, de 14 de enero, publica finalmente la esperada y conocida como «Directiva ECN+» (ver aquí), denominada técnicamente Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. 

Sin duda es uno de los textos normativos más relevantes de los últimos tiempos en el ámbito del Derecho Antitrust y será objeto de numerosos comentarios y encuentros de aquí hasta su transposición a los distintos Estados (como máximo, según su artículo 34, hasta el 4 de febrero de 2021). Su objeto principal es establecer normas que posibiliten que las autoridades nacionales de competencia dispongan de las garantías de independencia, recursos y competencias de aplicación e imposición de multas, necesarias para poder aplicar efectivamente los artículos 101 y 102 del TFUE, de modo que no se falsee la competencia en el mercado interior y que los consumidores y las empresas no se vean perjudicados por el Derecho y las medidas nacionales que impiden la aplicación eficaz de las normas por parte de las autoridades nacionales de competencia (cfr. artículo 1). Es un instrumento necesario en un contexto normativo y “jurisprudencial” muy complejo, en el que tanto los retos derivados de la nueva era como los problemas de independencia e interpretación adquieren gran trascendencia para la protección de la competencia. Iremos realizando comentarios parciales al documento de aquí a su transposición.

Llega 2019... esto sucedió en el blog durante 2018...

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El año que ahora finalizamos ha sido un período de avances en la edición de esta web, pues, además de las entradas habituales desde su comienzo (2012), ha quedado enriquecido mediante nuevas secciones como, por ejemplo, las novedades bibliográficas o la anotación de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionadas con la aplicación del Derecho de la Competencia. También se ha intensificado la sección de actualidad (ver archivo). A continuación las cuestiones tratadas más interesantes...

Prácticas colusorias y abuso de posición dominante en el mercado de los medicamentos genéricos (STGUE de 12 de diciembre de 2018)

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La Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 12 de diciembre de 2018 (en el asunto T-691/14, aquí) anula parcialmente la Decisión de la Comisión Europea (CE) de 9 de julio de 2014, que declaró la existencia de prácticas colusorias y abuso de posición dominante en el mercado de un medicamento que combate la hipertensión e insuficiencia cardíaca: el perindopril. En dicha Decisión la Comisión impuso importantes multas (más de 400 millones de euros), estimando probada la existencia de (1) acuerdos para retrasar durante al menos 4 años (2003-2007) la entrada de genéricos de perindopril, y de (2) un abuso de posición dominante encaminado también a lograr la exclusión de competidores en el mercado relevante. La resolución del TGUE es un precedente muy poco habitual de revisión del concepto de mercado relevante propuesto por la Comisión.