Cláusulas contractuales de competencia judicial y aplicación privada derivada de abusos de posición dominante (STJUE de 24 de octubre de 2018)

La Sentencia del Tribunal de Justicia (TJUE) de 24 de octubre de 2018 (aquí) resuelve cuestiones prejudiciales muy interesantes relacionadas con la aplicación privada del Derecho Antitrust, concretamente respecto a la competencia judicial para la interposición de la acción de daños. Las cuestiones fueron planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) en relación con un proceso de responsabilidad civil por daños derivados de abuso de posición dominante entre las sociedades Apple Sales International, Apple Inc. y Apple retail France EURL, por un lado, y, por otro, MJA, en calidad de liquidador de la sociedad eBizcuss.com. 

El supuesto de hecho parte del año 2002, en el que Apple Sales International, sociedad irlandesa, concluye con eBizcuss (revendedor) un contrato por el que éste se comprometía a distribuir de forma casi exclusiva los productos de Apple; este contrato contenía una cláusula de atribución de competencia a favor de los tribunales irlandeses. Según la misma, el contrato «y sus relaciones» (término cuya traducción fue conflictivas entre las partes) se regirían e interpretarían conforme al Derecho de la República de Irlanda, sometiéndose las partes a la competencia de los tribunales de la República de Irlanda. A pesar de esto, Apple [Sales International] se reservó el derecho de iniciar acciones contra el revendedor ante los tribunales de la demarcación en el que esté situado el domicilio del revendedor o bien en cualquier país en el que Apple [Sales International] sufriera un perjuicio.

Lealtad, buena fe y transparencia en la actuación inspectora (Sentencia Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2018)

La inspección es una de las funciones más sensibles de las Autoridades de Competencia, debido a la posible afectación a derechos fundamentales. En este sentido, el art. 18.2 de la Constitución española dispone que «el domicilio es inviolable» y que «ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». 

La Sentencia del Tribunal Supremo español de 17 de septiembre de 2018 (aquí) anula la sentencia de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de julio de 2016 (recurso contencioso-administrativo nº 482/2013) y consolida una línea jurisprudencial en sede de inspecciones, al seguir lo establecido en su sentencia de 15 de junio de 2015 (casación 1407/2014).

De acuerdo con los hechos probados, los inspectores de competencia acudieron a la sede de la empresa inspeccionada y ocultaron la información sobre si la autoridad judicial había autorizado la entrada. Concretamente, el personal de la empresa preguntó «...si los inspectores han solicitado autorización judicial para la entrada y por tanto si el juez ha dictado un auto de entrada en la empresa», a lo la jefe de equipo de inspección respondió «que no está autorizada a revelar la citada información». Ante esta situación «el representante de la empresa firma la Orden de Investigación accediendo a la práctica de la inspección». 

Sobre la «presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante» en participaciones inferiores al 100% (Sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2018)

La sentencia del Tribunal General (TG) de 12 de julio de 2018 (aquí) desestima el recurso contra la Decisión de la Comisión de 2 de abril de 2014, que sancionó a los principales fabricantes europeos, japoneses y surcoreanos de cables de energía submarinos y subterráneos por un cártel de reparto de mercado descubierto gracias a una solicitud de clemencia. La Comisión aplicó la presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante para imponer multas a sociedades matrices, de forma solidaria con sus empresas filiales. El TG considera ajustada a Derecho la interpretación de dicha presunción por parte de la Comisión, tal y como se indica a continuación. 

Esta presunción resulta aplicable, según jurisprudencia europea, cuando la filial no determina de forma autónoma su comportamiento, es decir, cuando sigue fielmente los criterios de la sociedad matriz, de acuerdo con los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades (es ya clásica en este punto la sentencia TJUE de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, ver aquí). La consideración de la situación como si se tratara de una misma unidad económica (empresa a los efectos antitrust) fundamenta la imposición de sanciones a la matriz, de forma solidaria con la filial, siempre que la influencia se haya ejercido efectivamente. Esta presunción es aplicable, según la citada sentencia TJUE, cuando la sociedad matriz participe al 100% en el capital de su filial que ha infringido las normas de la Unión sobre la competencia. La prueba de tal participación implica, por tanto, la aplicación de la presunción.

La importancia de la «valoración conjunta de la prueba» (Sentencia del Tribunal General de 3 de julio de 2018)

La sentencia del Tribunal General (TG) de 3 de julio de 2018 (ver aquí, asuntos acumulados T-379/10 RENV Keramag Keramische Werke GmbH y otros/Comisión y T-381/10 RENV Sanitec Europe Oy/Comisión) deriva de la impugnación que la Comisión Europea (CE) hizo ante el Tribunal de Justicia (TJUE) en relación con una sentencia anterior del propio TG (de 16 de septiembre de 2013). Esta primera sentencia del TG anuló parcialmente la Decisión C (2010) 4185 final de 23 de junio de 2010 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, en la que se constató la infracción del artículo 101, apartado 1, del TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) en el sector de los accesorios y accesorios de baño. El TJUE anuló parcialmente la sentencia del TG el 27 de enero de 2017 (Comisión/Keramag Keramische Werke y otros), devolviendo el asunto al TG, sobre la base de falta de motivación y de error en la apreciación de la prueba.

Creación de «joint venture» para la prestación del servicio logístico de distribución (Comisión Europea, 26 de febrero de 2018)

La Comisión Europea ha aprobado el 26 de febrero de 2018 la creación de una empresa conjunta (joint venture) por parte de dos empresas de USA (Michelin North America, Inc. y Sumitomo Corporation of Americas). La nueva joint venture se dedicará a los negocios de distribución e instalación de neumáticos de sus empresas fundadoras. La operación ha sido examinada por la Comisión a través del procedimiento simplificado de revisión de concentraciones económicas. Esta autorización pone en evidencia la relevancia creciente de la concentración en el ámbito de la prestación de servicios logísticos, en los que queda incluida gran parte de la actividad de distribución en la actualidad. 

Medicamentos, repartos de mercado y falseamiento de la competencia (Sentencia TJUE de 23 de enero de 2018)

Acabamos de conocer la Sentencia de la "Gran Sala" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de enero de 2018 (aquí), en la que resuelve una petición prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado de Italia) en relación con la interpretación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La petición fue formulada en el ámbito de un litigio sobre un acuerdo entre grupos farmacéuticos (Roche y Novartis) encaminado a reducir los usos oftalmológicos del medicamento Avastin y a aumentar los del Lucentis.

El criterio del «inversor privado» vuelve a ser decisivo en materia de ayudas públicas (Sentencia TG de 16 de enero de 2018)

El Tribunal General de la Unión Europea (TG) ha desestimado la acción interpuesta por  Électricité de France (EDF), basada en el artículo 263 del TFUE, y la anulación de los artículos 1 a 5 de la Decisión (UE) de la Comisión de 22 de julio el año 2015, en la que se declaró nuevamente incompatible una ayuda pública consistente en una renuncia del Estado francés a un crédito fiscal valorado en 888,89 millones de euros, correspondiente al impuesto de sociedades adeudado por EDF (ver resolución).