Comentarios, reflexiones, opinión...:

Publicación de la «Directiva ECN+» (DOUE L 11/3, 14 de enero de 2019)

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EL DOUE L 11/3, de 14 de enero, publica finalmente la esperada y conocida como «Directiva ECN+» (ver aquí), denominada técnicamente Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. 

Sin duda es uno de los textos normativos más relevantes de los últimos tiempos en el ámbito del Derecho Antitrust y será objeto de numerosos comentarios y encuentros de aquí hasta su transposición a los distintos Estados (como máximo, según su artículo 34, hasta el 4 de febrero de 2021). Su objeto principal es establecer normas que posibiliten que las autoridades nacionales de competencia dispongan de las garantías de independencia, recursos y competencias de aplicación e imposición de multas, necesarias para poder aplicar efectivamente los artículos 101 y 102 del TFUE, de modo que no se falsee la competencia en el mercado interior y que los consumidores y las empresas no se vean perjudicados por el Derecho y las medidas nacionales que impiden la aplicación eficaz de las normas por parte de las autoridades nacionales de competencia (cfr. artículo 1). Es un instrumento necesario en un contexto normativo y “jurisprudencial” muy complejo, en el que tanto los retos derivados de la nueva era como los problemas de independencia e interpretación adquieren gran trascendencia para la protección de la competencia. Iremos realizando comentarios parciales al documento de aquí a su transposición.

Llega 2019... esto sucedió en el blog durante 2018...

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El año que ahora finalizamos ha sido un período de avances en la edición de esta web, pues, además de las entradas habituales desde su comienzo (2012), ha quedado enriquecido mediante nuevas secciones como, por ejemplo, las novedades bibliográficas o la anotación de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionadas con la aplicación del Derecho de la Competencia. También se ha intensificado la sección de actualidad (ver archivo). A continuación las cuestiones tratadas más interesantes...

Prácticas colusorias y abuso de posición dominante en el mercado de los medicamentos genéricos (STGUE de 12 de diciembre de 2018)

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La Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 12 de diciembre de 2018 (en el asunto T-691/14, aquí) anula parcialmente la Decisión de la Comisión Europea (CE) de 9 de julio de 2014, que declaró la existencia de prácticas colusorias y abuso de posición dominante en el mercado de un medicamento que combate la hipertensión e insuficiencia cardíaca: el perindopril. En dicha Decisión la Comisión impuso importantes multas (más de 400 millones de euros), estimando probada la existencia de (1) acuerdos para retrasar durante al menos 4 años (2003-2007) la entrada de genéricos de perindopril, y de (2) un abuso de posición dominante encaminado también a lograr la exclusión de competidores en el mercado relevante. La resolución del TGUE es un precedente muy poco habitual de revisión del concepto de mercado relevante propuesto por la Comisión.

Restricción de ventas «online» a distribuidores y distribución selectiva, esta vez en Francia. La Décision du 24 octobre 2018 («Asunto Stihl») y su relación con el «Asunto Coty»

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El 24 de octubre de 2018 la Autoridad Francesa de Competencia (Autorité de la concurrence) ha impuesto una multa de 7 millones de euros a la empresa Stihl (fabricante de herramientas eléctricas) por prohibir a sus distribuidores la venta online de sus productos (sobre esta práctica se ha anunciado la incoación de un expediente en España en relación con otras empresas, ver). La conducta en Francia ha sido calificada como «restricción injustificada de la competencia», prohibida por los artículos L. 420-1 del Código de Comercio francés y 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (ver aquí la-D-25, de Décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018). Esta decisión está en la línea de su Decisión nº 08-D-25, de 29 de octubre de 2008 (Asunto Pierre Fabre), en el que intervino el TJUE a través de su sentencia de 13 de octubre de 2011 (aquí). A pesar de la sanción correspondiente a dichas restricciones, la Autoridad de Competencia valida el sistema de distribución selectiva en dicho caso, justificándolo en que los productos de Stihl (motosierras, desbrozadoras, podadoras, podadoras de baterías) requieren servicios de asistencia y asesoramiento especializado para preservar su calidad y asegurar su correcto uso.

El principio de «confianza legítima» y su aplicación en el Derecho europeo de la Competencia (al hilo de la STGUE de 15 de noviembre de 2018)

En su sentencia de 15 de noviembre de 2018 (aquí) el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) hace nuevamente un repaso de la jurisprudencia más relevante del Tribunal de Justicia (TJUE) relacionada con el principio de confianza legítima. De forma muy parecida a cómo aludía al mismo en su sentencia de 22 de abril de 2016, el TGUE se refiere a dicho principio al hilo de un caso de ayudas públicas. Concretamente, resuelve la petición de anulación del artículo 1, apartados 2 y 3, de la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras aplicada por España. Ante el TGUE la demandante acusó a la Comisión de realizar una aplicación indebida de la "confianza debida", al considerar que permitió la aplicación del régimen controvertido a las adquisiciones realizadas antes de finales de 2007, favoreciendo de este modo a determinadas empresas españolas.

El contexto de esta resolución es el de la ayuda fiscal aprobada en España para que grandes empresas (multinacionales básicamente) adquirieran empresas extranjeras. El criterio generalmente seguido en casos similares es la consideración de que tales ayudas fueron discriminatorias o selectivas, lo que implica su ilegalidad respecto a las normas europeas de competencia. Las consecuencias han sido relevantes para numerosas empresas que se han ido beneficiando de la ayuda fiscal. Uno de los casos más conocidos relacionados con la consideración ilegal de determinadas ayudas fiscales es el sucedido con Apple e Irlanda, que implicó la devolución de más de 14.000 millones de euros el pasado mes de septiembre.

En relación con el principio de confianza legítima la sentencia que se comenta destaca los siguientes criterios jurisprudenciales consolidados en el Derecho de la Unión Europea:

Cláusulas contractuales de competencia judicial y aplicación privada derivada de abusos de posición dominante (STJUE de 24 de octubre de 2018)

La Sentencia del Tribunal de Justicia (TJUE) de 24 de octubre de 2018 (aquí) resuelve cuestiones prejudiciales muy interesantes relacionadas con la aplicación privada del Derecho Antitrust, concretamente respecto a la competencia judicial para la interposición de la acción de daños. Las cuestiones fueron planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) en relación con un proceso de responsabilidad civil por daños derivados de abuso de posición dominante entre las sociedades Apple Sales International, Apple Inc. y Apple retail France EURL, por un lado, y, por otro, MJA, en calidad de liquidador de la sociedad eBizcuss.com. 

El supuesto de hecho parte del año 2002, en el que Apple Sales International, sociedad irlandesa, concluye con eBizcuss (revendedor) un contrato por el que éste se comprometía a distribuir de forma casi exclusiva los productos de Apple; este contrato contenía una cláusula de atribución de competencia a favor de los tribunales irlandeses. Según la misma, el contrato «y sus relaciones» (término cuya traducción fue conflictivas entre las partes) se regirían e interpretarían conforme al Derecho de la República de Irlanda, sometiéndose las partes a la competencia de los tribunales de la República de Irlanda. A pesar de esto, Apple [Sales International] se reservó el derecho de iniciar acciones contra el revendedor ante los tribunales de la demarcación en el que esté situado el domicilio del revendedor o bien en cualquier país en el que Apple [Sales International] sufriera un perjuicio.